empresa

Perú
Perfil demográfico y social
Mercado laboral

   La población económicamente activa peruana ascendió a un total de 8,9 millones de personas en el año 1995, sobre una población de poco más de 23,5 millones de habitantes. De este total, el 65,3% eran hombres y el 34,7% eran mujeres; del total de participación en la actividad económica, el 72% procedía del sector urbano y el 28% restante del rural. Las previsiones señalan que más de diez millones de personas conformarán la población económicamente activa en el año 2000.
    Por actividades económicas, es la agricultura la que absorbe un mayor número de ocupación (37%), aunque viene disminuyendo pese a la gran importancia del sector pesquero nacional, que se incluye en este apartado; por su parte, la industria ocupa al 22% de la población activa y el resto corresponde al sector de los servicios.
    Desde comienzos de los años ochenta, la población activa ha tenido un crecimiento interanual medio del 3,7%, mientras que el empleo generado por las grandes empresas manifiesta un goteo decreciente y constante, aunque todavía no alarmante. Y aunque las tasas de desempleo no han crecido de forma importante, puede deberse a la aparición de un fenómeno que ha creado un nuevo grupo social; está formado por personas llegadas principalmente de las zonas rurales que se autoemplearon a través de la venta ambulante o de la creación de microempresas de carácter familiar, aliviando así un crecimiento mayor del índice global de paro.

    Perú, como la mayoría de los países iberoamericanos, mantiene una tasa de desempleo urbano inferior al 10%. En 1997, el 9,1% de la población económicamente activa no tenía un puesto de trabajo en las zonas urbanas.
    La insuficiente demanda de mano de obra en los sectores industrial y comercial se ha incrementado en los últimos veinte años, debido fundamentalmente a la escasa inversión registrada en el país y a un entorno macroeconómico caracterizado por la inestabilidad. Así, entre 1981 y 1991 la población económicamente activa mantuvo un crecimiento medio anual del 3,9%, mientras que el empleo en las grandes empresas del sector formal de la economía cayó en un 0,8%. Ahora bien, desde 1993 se ha registrado un cierto incremento gradual de la tasa de empleo como consecuencia de la recuperación de la actividad económica del país y de una mayor flexibilidad laboral, aunque con grandes variaciones en los distintos años; así por ejemplo, la tasa de desempleo abierto de los jóvenes urbanos de 14 a 24 años, que representan la cuarta parte, se ha elevado del 15,2% de 1996 al 16,1% de 1997. Sin embargo, durante el ciclo expansivo de 1993-1995, esa misma tasa de desempleo descendió casi cinco puntos, del 16,1% en 1993 hasta el 11,2% en 1995. Este comportamiento de la tasa de desempleo refleja, en gran medida, la dificultad del mercado para absorber la mano de obra más joven y, sobre todo, a los trabajadores más recientemente incorporados al mercado de trabajo. Por ello, cuando se observan las cifras de desempleo desagregado por grupos de edad, se constata que las tasas para los grupos de trabajadores cuya edad se sitúa entre los 25-44 y entre los 45-54 años no son alarmantemente altas (6,6% y 5,7% durante el año 1997), mientras que la tasa para el grupo de 14-24 años es del 15,2%, es decir, casi el triple que para los grupos de más experiencia.

   El desempleo se ha visto frenado por la habilidad de una población con gran espíritu de superación, que ha dado lugar al nacimiento de un nuevo grupo social: el empresario popular. Estos nuevos empresarios han trabajado en mercados muy competitivos, empleando técnicas intensivas en la mano de obra y jornadas laborales muy extensas. Lamentablemente, parece que el Gobierno peruano no ha sido capaz de poner en marcha los mecanismos necesarios para incorporar a la normalidad laboral a este amplio y dinámico sector productivo que se encuadra dentro de la economía sumergida. En Lima, en octubre de 1994, se estimó que el 74,3% de la población ocupada lo estaba en términos de subempleo; por lo tanto, si la tasa de paro en esa fecha era del 8,8%, solamente el 16,9% de la población estaba empleada de forma adecuada.

    Con el propósito de establecer una mayor competitividad en el sector privado, se han liberalizado substancialmente las leyes que rigen el mercado laboral. En esta línea, se han promulgado las leyes necesarias para crear un nuevo régimen de indemnización por despido, para reglamentar el empleo temporal y para flexibilizar la estabilidad laboral.
    Otra reforma importante en el mercado laboral es la que se refiere a la participación de los trabajadores en las empresas; esta nueva normativa propicia la participación en las utilidades, en la propiedad y en la gestión de las empresas. Por lo que respecta a las utilidades, la ley fija en el 10% la participación líquida de los trabajadores en la renta anual de las empresas industriales. En cuanto a la gestión, se elimina la participación de los trabajadores en el directorio o consejo de administración y se crean, como contrapartida, comités de gestión integrados por representantes de la empresa y de los trabajadores. En lo que atañe a la propiedad, se elimina el régimen de participación patrimonial.
    A través de la Ley de Fomento al Empleo (Decreto Ley n.º 728) se han reducido los costes de mantenimiento de los puestos de trabajo flexibilizando los regímenes de contratación para empleos fijos, se han creado los programas especiales de generación de empleo y se han modificado las normas sobre el contrato de trabajo.

    El salario mínimo en la zona metropolitana de Lima ha venido decreciendo desde el año 1988, descenso que se acentuó en 1989 y que muestra ligeras recuperaciones sólo a partir de 1992 (2,5%). En 1997 fue fijado el salario mínimo en 25,46 nuevos soles como promedio mensual.
    No obstante, los sueldos en Lima Metropolitana ya empezaron a elevarse en términos reales en 1991, como consecuencia del proceso de recuperación económica y de la mayor productividad alcanzada. Sólo durante 1995, por ejemplo, la capacidad adquisitiva de la población se incrementó en un 9,3% respecto al año anterior. En 1997, el sueldo promedio mensual se situó en 1.678,20 nuevos soles, mientras que en el período enero-septiembre de 1998 subió a 1.828,85 nuevos soles. Las remuneraciones del Gobierno fueron durante 1997 de 692,84 nuevos soles como promedio mensual y de 741,95 en enero-septiembre de 1998.
    La remuneración mínima vital (RMV), a partir del 1 de enero de 1992, es un concepto único que absorbe en su composición el ingreso mínimo vital, junto con la bonificación suplementaria adicional y la bonificación por movilidad; en 1998, la RMV se situó en 345 nuevos soles como promedio mensual.

    Con la creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) en diciembre de 1992, el Gobierno terminó con el monopolio que de manera general pertenecía al Instituto Peruano de Seguridad Social en el campo de las pensiones obligatorias de jubilación, invalidez y sobrevivencia. En junio de 1993 se puso en marcha el sistema, estipulado en el Decreto Legislativo n.º 25.897, como un régimen alternativo al sistema estatal de seguridad social. El SPP, inspirado en el sistema chileno de capitalización individual, inició sus operaciones el 21 de junio de 1993; su mercado inicial estaba formado por los cerca de dos millones y medio de trabajadores dependientes del sector formal, que en su mayoría eran asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones. Además de ofrecer mejores pensiones, se estima que como efecto colateral el SPP incrementará la tasa de ahorro interno y contribuirá al desarrollo de los mercados de capitales.
    Algunas proyecciones basadas sólo en las aportaciones obligatorias y una rentabilidad real de las inversiones del 5% indican que los fondos administrados por el sistema sumarán más de 1.500 millones de dólares en sus primeros cinco años de funcionamiento.
    Las aportaciones de los trabajadores, que suponen el 10% de su remuneración mensual, son depositadas en cuentas individuales y supervisadas por las entidades administradoras de fondos de pensiones (AFP), las cuales invierten los fondos de acuerdo a ciertos parámetros impuestos por la autoridad supervisora. En la actualidad, se encuentran operativas ocho empresas administradoras que cuentan con más de un millón y medio de afiliados; por su parte, el fondo acumulado supera los mil millones de dólares, que han sido invertidos principalmente en depósitos a plazo (en moneda nacional y extranjera), bonos de tesorería, pagarés del Banco Central de la República y bonos leasing. El 54,4% de las aportaciones de los trabajadores peruanos a esos fondos privados de pensiones provino de los cuatro tramos inferiores a los 750 nuevos soles de remuneración asegurable.
    Las AFP se crearon al mismo tiempo que la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, institución gubernamental encargada de regular y supervisar el funcionamiento del sistema. El reglamento de la ley fue aprobado por el Decreto Supremo n.º 206-93-EF/SAFP4; posteriormente, la Superintendencia ha emitido una serie de reglamentaciones regulando ciertos aspectos específicos del sistema, que integran el Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.
    Por su parte, el Instituto Peruano de Seguridad Social contaba en el año 1993 con 205.448 pensionistas de todas las categorías, cifra que aumentó en el año 1995 a 332.448. De este tota

Teletrabajo: opción laboral del futuro...Hoy

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, junto con la modificación de todos los modos de producción, están trayendo consigo cambios muy importantes en lo que tiene que ver con el empleo, con la contratación y las formas que adopta la relación laboral en todas sus dimensiones. En ese contexto, el teletrabajo se convierte en una alternativa cada vez más plausible a las formas tradicionales de empleo y a la inserción laboral de los jóvenes que buscan conseguir su primer empleo y/o a las posibilidades de los desocupados. Como puede suponerse, la introducción del teletrabajo entraña una serie de efectos a muy distintos niveles, entre los que cabe destacar el económico-laboral , el jurídico-contractual , el social-familiar y el tecnológico.